Por Duckens Pierre* 


De hecho, al 19 de enero de 2021, la población carcelaria haitiana se estimaba en 11.634 detenidos, de los cuales 373 eran mujeres, 230 niños y 18 niñas, y el 80% de ellos estaban en espera de juicio[2]. Algunos nunca han comparecido ante un juez. Esto es contrario tanto al artículo 26 de la Constitución haitiana de 1987 como al artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos[3], ratificada por Haití el 14 de septiembre de 1977.

También según dicha Convención, los artículos 8 y 25 obligan a los Estados Partes a garantizar las garantías judiciales y la protección judicial, respectivamente. Y la resolución 1/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad en las Américas considera a estas como otra categoría de personas vulnerables, que tienen derecho a un trato humano, al respeto y a la garantía de su dignidad, de su vida y de su integridad física, psicológica y moral.

Sobre la base de estos instrumentos jurídicos y para evitar que se produzca una hecatombe en las cárceles a causa del COVID-19, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública adoptó finalmente medidas en el taller nacional que tuvo lugar del 11 al 13 de enero de 2021, incluida la elaboración de herramientas para reducir el recurso a la prisión preventiva, así como para disminuir el hacinamiento en las cárceles. Si bien estas medidas permitirán a algunos detenidos recuperar su libertad, no les garantizarán reparación alguna por las violaciones de sus derechos o libertades, como lo exige el artículo 63.1 de dicha Convención[4]. A pesar de todo, hasta el día de hoy no se han aplicado estas medidas, ya que el Consejo Nacional de Asistencia Jurídica, que debe permitir la apertura de once (11) oficinas de asistencia jurídica descentralizadas, apenas se ha puesto en práctica.

Sabiendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene una rica jurisprudencia en materia de reparación, este ensayo pretende ser una reflexión sobre ésta con vistas a su divulgación en Haití. Esto permitirá a los defensores de los derechos humanos en Haití interponer acciones de reparación contra el Estado haitiano tanto ante las jurisdicciones internas como ante los órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es decir, la Comisión y la Corte.

Para alcanzar este objetivo, es importante, aunque sólo sea de manera no exhaustiva, examinar la situación carcelaria en Haití y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a la reparación de víctimas de violaciones a sus derechos y libertades.

La situación carcelaria en Haití

En Haití, la prisión preventiva podría considerarse como la regla, mientras que el derecho a un juez es la excepción. En los últimos 25 años, las personas en prisión preventiva representan alrededor del 75% del total de ocupantes de las cárceles[5]. Sus derechos a ser oídos por un tribunal sobre los cargos en el plazo más breve posible, a un recurso efectivo, a la libertad, a la integridad de su persona y a condiciones de detención compatibles con su dignidad no están garantizados.

De hecho, las personas privadas de libertad que han cumplido al menos tres (3) años de prisión preventiva nunca comparecen ante un juez. Otras son objeto de aproximadamente dos (2) extracciones judiciales, pero las audiencias se aplazan debido a la no comparecencia de los jueces, auxiliares de la justicia o de un problema administrativo[6].

Además, en lo que respecta a sus condiciones de detención, la realidad es lamentable. En la cárcel civil de Puerto Príncipe, considerada como el centro penitenciario más grande del país, no se respetan las normas mínimas internacionales. La antigüedad y la insalubridad de las celdas generan ratas y cucarachas. Éstas son colectivas y albergan a unos ocho (8) detenidos[7], pese a que tienen menos de 4,5 m2. Algunos se ven obligados a dormir por turnos e incluso en el suelo, ya que las literas por celda son insuficientes. En esta situación de desconcierto permanente y de tratos inhumanos y degradantes se añaden las enfermedades cardiovasculares, la malnutrición y la tuberculosis.

Lo que es peor, la enfermería de la prisión no está equipada, no hay medicamentos y los enfermos no son atendidos por un médico especializado[8]. No tienen acceso al agua potable y reciben comidas irregulares e inadecuadas. Las muertes se cuentan todo el día. También hay muertes causadas por agentes del Servicio Penitenciario (se recuerda la fuga ocurrida en la prisión civil de Gonaïves el 7 de noviembre de 2019, que costó la vida a 3 detenidos cuando reclamaban mejores condiciones de detención, y la de la prisión de Croix-des-Bouquets el 25 de febrero de 2021 en la que fueron asesinados 26 reclusos, entre ellos el director de la prisión, el inspector de división Paul Hector Joseph, según los informes de Fondasyon Je Klere). En resumen, la tasa de mortalidad ha aumentado en 14 por 1.000 hasta la fecha de hoy[9].

Sobre la base de esta constatación y teniendo en cuenta el alcance universal de las garantías judiciales, en el sentido de que son válidas en todo lugar y ante todas las jurisdicciones de justicia, es imperativo que estas víctimas sean reparadas. Dado que se han dictado muy pocos fallos sobre la reparación de esas víctimas en el sistema judicial haitiano y que Haití ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana el 20 de marzo de 1998, sería conveniente que los defensores de los derechos humanos se basaran en la jurisprudencia de ésta en materia de reparación de las víctimas de detención arbitraria e ilegal, a fin de obligar al Estado haitiano a cumplir sus obligaciones.

Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a la reparación de las personas privadas de libertad

El sistema interamericano desarrolla un particularismo basado en la existencia de una filosofía jurídica específica en materia de derechos humanos, hasta el punto de que el derecho interamericano aparece en muchos aspectos como vanguardista, no conformista, creativo, en comparación con los modelos del positivismo jurídico del derecho internacional. Dicho de otro modo, esta particularidad reside esencialmente en la interpretación y aplicación de la Convención adoptada en 1969 por los dos órganos de protección.

La Corte, que está integrada por siete magistrados y se reúne sólo en unos pocos períodos de sesiones al año, ha elaborado una jurisprudencia innovadora, particularmente en materia de reparación de víctimas. De hecho, las sentencias sobre la reparación de víctimas de detención arbitraria e ilegal se basan en principio en el derecho a comparecer ante un juez lo antes posible, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la libertad y a la integridad de la persona, así como las condiciones de detención (derecho a ser informado, derecho a condiciones de detención compatibles con su dignidad).

Las medidas de reparación de la Corte son obligaciones positivas para los Estados contra los que se adopta una decisión. Estas medidas pueden ser, entre otras, de carácter pecuniario (daños y perjuicios compensatorios para cubrir los daños materiales y morales), físico (acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las presuntas violaciones) o legislativo (modificación del derecho penal interno para los casos de crímenes de los que tenga conocimiento la corte).

Para profundizar, podemos citar algunas sentencias emblemáticas de la corte en materia de detención arbitraria e ilegal. De hecho, en el asunto Gangaram Panday contra Surinam el 21 de enero de 1994, la Corte condenó al Estado de Suriname por violación del derecho a la vida de la detenida, prevista en el artículo 4.1 de la Convención, ya que Gangaram había sido hallada muerta en su celda mientras estaba detenida ilegalmente[10].

Por consiguiente, en el caso Neira Alegría contra el Perú, de 19 de enero de 1995, la Corte sostuvo que «toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal[11]».

Además, en el caso de Tibi contra Ecuador, el 7 de septiembre de 2004 (serie C Nº 114) la Corte estima que el Tibi, el 27 de septiembre de 1995, no fue avisado de las razones y cargos que se le imputaban, ni fue informado de sus derechos en el momento de su detención. Tampoco se le mostró la orden de detención que el primer juez penal de Guayas emitió al día siguiente, el 28 de septiembre de 1995. La Corte considera que el Estado no respetó su obligación de hacer comparecer a M. Tibi ante una autoridad judicial competente en un plazo más breve, de conformidad con las exigencias del artículo 7.5, y considera que el Estado ecuatoriano violó los artículos 7 (derecho a la libertad personal) y 25 (derecho a la protección judicial)[12].

Recordemos, por último, que el Estado haitiano ya ha sido condenado en dos ocasiones por la Corte Interamericana por motivos de detención arbitraria e ilegal. El primer caso es el del ex primer ministro Yvon Neptune, con fecha de 6 de mayo de 2008. De hecho, la Corte determinó, entre otras cosas, que su integridad física, mental y moral no había sido garantizada, ya que no estaba separado de los demás detenidos condenados y por las condiciones y el trato a que fue sometido durante su detención, que se mantuvieron hasta su liberación por razones humanitarias[13].

El segundo caso es el de Lysias Fleury y su familia el 23 de noviembre de 2011. Durante su detención, los agentes de policía lo amenazaron, maltrataron e intimidaron por su actividad como activista de derechos humanos, situación que continuó hasta su llegada al lugar donde permaneció detenido durante 17 horas. El señor Fleury no fue informado de los motivos de la detención y fue encerrado en una celda superpoblada y en condiciones inapropiadas. En este caso, la Corte determinó que la Sentencia constituía per se una forma de reparación y ordenó al Estado que adoptara medidas de reparación determinadas[14].

En consecuencia, las violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad en Haití son similares a las que la Corte ya ha condenado a varios Estados, entre ellos Haití. Además, muchos defensores de los derechos humanos de otros países miembros de la OEA han recurrido regularmente a la Comisión y a la Corte para denunciar a sus respectivos Estados por dichas violaciones, mientras que los de Haití lo hacen en pocas ocasiones o casi nunca. El ex secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo ABRAO, también lo destacó en su encuentro con la sociedad civil haitiana a la que asistí el 4 de junio de 2019: prácticamente no hay quejas contra el Estado haitiano ante la Comisión ni la Corte.

Además, queda entendido que la razón principal sería que los profesionales del derecho haitiano no están familiarizados con la jurisprudencia de la Corte, y mucho menos con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Por lo tanto, sería importante realizar una labor de promoción y difusión del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en Haití, porque su falta de conocimiento y de control por parte de los agentes judiciales y de la sociedad civil haitiana constituye un freno para el recurso a la Comisión y a la Corte.


* Jurista/ especialista en derechos humanos en la Universidad de Grenoble Alpes, Duckens Pierre tiene relevantes experiencias profesionales en esta área especialmente en la Oficina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC, EEUU. 


[1] BINUH, Informe de la Secretaria General, /2021/133, Puerto Príncipe, 11 de febrero de 2021, p7

[2] BINUH, Informe de la Secretaria General, Ibíd., p8,

[3] Artículo 26 de la Constitución de Haití: «Nadie podrá ser detenido si no ha comparecido ante un juez llamado a pronunciarse sobre la legalidad de la detención dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su detención y si dicho juez no ha confirmado la detención mediante decisión motivada». Articulo 7.5 de la Convención: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.

[4] Artículo 63.1 de la Convención IDH: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

[5] BINUH, Informe de la Secretaria General, /2021/133, Puerto Príncipe, 11 de febrero de 2021, p8

[6]Esta declaración ha sido hecha por el administrador del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, con ocasión de las audiencias penales de los días 16 y 22 de julio de 2019, en las que tres (3) detenidas a cargo del BDHH se presentaron en vano ante el tribunal.

[7] Estas declaraciones se recogen el martes 4 de junio de 2019 en el BDHH durante una entrevista con dos ex detenidos sobre sus condiciones de detención en la prisión civil de Puerto Príncipe.

[8] Según una entrevista que realicé con tres detenidos en la prisión civil de Puerto Príncipe el 5 de julio de 2019 durante mi pasantía en la Oficina de Derechos Humanos en Haití (BDHH), ciento setenta y tres (173) Los detenidos son internados en un pasillo de la enfermería de la prisión en condiciones sanitarias muy precarias.

[9] MINUJUSTH, informe del Secretario General, S/2019/198, Puerto Príncipe, 1 de marzo de 2019, p9.

[10] Corte IDH, Gangaram Panday contra Surinam, 21 de enero de 1994, sentencia sobre el fondo, serie C. No 16, párr. 4.

[11] Corte IADH, Neira Alegría y otros contra Perú, 19 de enero de 1995, sentencia sobre el fondo, Serie C. No 20, párr. 60

[12] Corte IDH, M. Tibi contra Ecuador, 7 de septiembre 2004, Serie C, No. 114, párr. 180. 38.

[13] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2015: Caso Yvon Neptune contra Haití supervisión de ejecución de sentencia.

[14] Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2016: Caso Fleury Y otros C. Haití supervisión de ejecución de sentencia.