Por Fabiana Moraes e Mateus Moraes Cavalcante 


Noviembre de 2020: en la foto de un reportaje del periódico Folha de São Paulo sobre los, hasta entonces, 13,7 millones de brasileños afectados por la pobreza extrema, vemos a dos jóvenes y a un niño ante una casa muy humilde, de ladrillos aparentes y ventanas cubiertas con bolsas de nylon. Viven en Belagua, en la provincia norteña de Brasil de Maranhão. Dice la leyenda de la foto: “Sin dinero, la pareja Denilson Araujo dos Santos, 22, e Ivanete Ribeiro dos Santos, 19, tuvo que cambiar el gas por leña para cocinar los frijoles y mandioca de la hija”. El precio promedio de la garrafa de gas en Brasil había llegado a los US$13,05 – en el décimo aumento del producto en apenas siete meses. En ese momento, el Covid-19 había victimado a 168.141 personas, y se registraban 600 fallecimientos al día.

Marzo de 2021: Ronaldo Miguel de Santana, 43, y Adriana dos Santos, 41, le echan un poco de alcohol a una cocinilla. Viven en Giriquití, un barrio precario de Olinda, en la provincia de Pernambuco, nordeste de Brasil. Hace una semana que no tienen agua. Es en esa frágil cocinilla que ellos preparan la comida de toda la familia desde el fin del Auxilio de Emergencia (asignación económica gubernamental creada durante la pandemia de Covid-19), que recibieron hasta diciembre. En la casa de ladrillos también viven Rafaela, 4, Richard, 7, y Rian, de 3 años. La familia va a aumentar pronto: Adriana espera a un bebé. El precio promedio de la garrafa de gas ahora es de US$ 14,83. Brasil pasa por el peor momento de la pandemia: mueren más de dos mil personas al día. Ya son más de 300.000 fallecidos.

Cocinas como las de estas familias son un termómetro de la profunda desigualdad social brasileña. De acuerdo con una encuesta dada a conocer por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2019, cuando la pandemia no había llegado, una de cada cinco familias brasileñas usaba leña o carbón para cocinar. En aquel año, el escenario era distinto: el desempleo alcanzaba el 11,2% de la población. En el trimestre cerrado en enero de 2021, ese número alcanzó 14,2%, según IBGE – el mayor número ya registrado para ese periodo en la historia del instituto.

Pero las estadísticas no contaban – y siguen sin contar – el número de familias que usan etanol y otros líquidos inflamables para cocinar alimentos. Una cifra que tiende a multiplicarse en un país que, desde abril de 2020 hasta abril de 2021 ha vivido dieciséis subas del precio del gas.

La relación entre el coste del gas de cocina y la incidencia de quemaduras con líquidos inflamables ha sido documentada en estudios, por lo menos, desde 2017. Para hacerse una idea, según los datos de junio de 2018, el 90% de las personas que fueron internadas en el ala de quemados del Hospital Restauración de Pernambuco, una de las mayores del nordeste de Brasil, habían usado líquidos inflamables para cocinar.

De acuerdo a datos recolectados por la Sociedad Brasileña de Quemaduras, por medio de Datasus, sistema del Ministerio de la Salud, fueron registradas 5.879 internaciones en el país en 2020 a causa de exposición a la combustión de materiales, sustancias inflamables, fuego, humo o llamas, categorías que acostumbran abarcar quemaduras de esa clase. En el mismo periodo, fueron 266 fallecimientos. O sea, al menos una persona falleció a cada dos días y 16 fueron internadas a cada día.

Los registros no incluyen la atención a casos leves que no tengan como resultado una internación, por lo cual el número real de víctimas es mayor. De las internaciones y fallecimientos en 2020, por lo menos la mitad fueron causadas por “combustión de sustancia muy inflamable”.

A pesar de los riesgos y del miedo, Ronaldo y Adriana empezaron a cocinar con etanol (un combustible automotor) porque no tenían otra opción: a la pareja ya no le alcanza para comprar garrafas de gas. Ronaldo trabaja como guardacoches en las calles de Espinheiro, barrio de clase media alta de la capital de Pernambuco, y su sueldo es lo que recibe de propinas a lo largo del día. Adriana cuida a los chicos y la casa. Los ingresos son inciertos mientras las facturas siguen llegando, y son cada vez más caras. El alquiler de la casa humilde en que viven subió un 25%. 

Ronaldo reconoce que, proporcionalmente, es más ventajoso comprar gas de cocina, pero afirma que no tiene dinero en efectivo para adquirir el producto (en Pernambuco, la garrafa costaba entre 14,30 y 16,09 dólares en el mes de marzo). “Con R$10 de alcohol [US$1.79], conseguimos cocinar durante dos, tres y, a veces, cuatro días. El fuego de alcohol se apaga rápido, pero nos acostumbramos a usarlo. Con gas, cocinamos durante 30 a 45 días, depende del uso. El problema es que no tengo el valor del gas de una vez. Pero para el alcohol, me alcanza”.

Cocinando a diario, Adriana acaba por exponerse más a los riesgos del alcohol, altamente inflamable.  Otras mujeres de Giriquití y sus familias corren el mismo riesgo, sobre todo quienes viven en el interior del barrio donde las casas son de compensado, más susceptibles a un posible incendio.

El en barrio no hay pavimento. Trozos de madera y pilas de desechos sirven como pasarela para cruzar charcos de aguas negras. Cerdos, gallinas, gatos y perros deambulan y se alimentan por por el lugar, una especie de vertedero. Al mediodía, la sombra de un pequeño árbol es casi un oasis para la familia. Adriana descansa allí cuando tiene tiempo libre.

Según Ronaldo, el costo mensual de vida de la familia está entre uno y dos salarios mínimos (entre US$192 y US$400 a marzo de 2021). “Ya conseguí ganar US$50 en un día, pero fue algo excepcional. Vivir sin estar seguro de cuánto ganamos a fin de mes es muy complicado y el aumento del gas lo hace más difícil. El miedo de cocinar con alcohol existe, pero es la única opción que tenemos en este momento”.

Leilaine de Oliveira, de 35 años, vive en el distrito de Jardín do Ingá, provincia de Goiás, centro de Brasil. Tiene la memoria y la piel marcadas por esa combinación: alto precio del gas y necesidad de cocinar usando líquidos inflamables. El 13 de julio de 2019, después de dos días sin gas y sin dinero para comprar una garrafa (que entonces costaba US$11.02), compró un poco de etanol porque quería preparar una pequeña comida.

Usando la mitad de una lata de gaseosa como cocinilla improvisada, preparó un plato de avena sin dificultades. Luego de cocinar y servir el alimento, creía que el fuego ya se había apagado y cubrió la lata. Pero adentro todavía había una pequeña llama azul, casi imperceptible. El recipiente estalló y el fuego se extendió alcanzando el envase plástico de etanol que Leiliane llevaba en su mano izquierda. En diez segundos la mujer, una trabajadora doméstica desempleada, ya tenía buena parte del torso cubierto de fuego. Era la primera vez que usaba ese combustible y acabó con el 41% de su cuerpo quemado.

Necesitó tres internaciones que sumaron tres meses en un hospital. “La primera vez estuve catorce días en el Hospital Regional de Brasilia”. Además de injertos quirúrgicos, se necesitaron sesiones de fisioterapia, consultas a psicólogo y psiquiatra y el uso de mallas compresivas para evitar queloides.

“Como me quemé mucho el cuello, también necesito usar un expansor pero, a causa de la pandemia, los servicios de salud [no relacionados al Covid-19] están paralizados”. Los expansores son indicados para el tratamiento de secuelas, entre otras causas, por quemaduras. El tratamiento lo está haciendo íntegramente a través del Sistema Único de Salud (SUS).

Las principales víctimas: mujeres pobres

Casi 14 millones de brasileños, el equivalente a 6,5% de la población, según IBGE, subsisten en la extrema pobreza, con menos de US$ 1,9 al día. Y los pobres, que viven con hasta US$ 5,5 al día, conforman el 24,7% de la población, es decir unos 50 millones de personas. Los datos fueron recabados en 2018 y 2019, antes de la pandemia por coronavirus. Según el Banco Mundial, la emergencia de salud causada por el Covid-19 acaba con una secuencia de 20 años de la reducción de la pobreza extrema en el mundo.

En ese contexto, el hambre ha avanzado a un ritmo alarmante. Más de la mitad de la población brasileña, 116,8 millones de personas estaban en una situación de inseguridad alimentaria en el último trimestre del 2020, o sea, no tenían acceso pleno y permanente a alimentos. Entre ellos, 19,1 millones, o el 9% de la población total, pasaban hambre. Los datos fueron dados a conocer en abril de 2021 por la Red Brasileña de Investigación en Soberanía Alimentaria y Nutricional (Red Pessan, por sus siglas en portugués). La investigación apuntó que el hambre volvió al nivel de 2004, cuando alcanzaba al 9,5% de la población, en un retroceso que comenzó en 2013 pero fue más acentuado entre 2018 y 2020, cuando el aumento del hambre fue de 27,6%.

Es importante recordar que, en 2014, Brasil había dejado el Mapa del Hambre (cuando menos del 5% de la población vivía en situación de inseguridad alimentaria), pero, según datos de IBGE, el país volvió a hacer parte de la lista en 2018.

Entonces, cuando el alza del precio del gas licuado de petróleo, o gas de cocina, formado por la combinación de propano y butano, encuentra a una población empobrecida y hambrienta, los efectos son devastadores. Combinados con la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, esa situación se vuelve, aún más, un problema de salud pública.

De acuerdo al Sindicado Nacional de las Empresas Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (SindiGas), solamente en 2020, el precio promedio de la garrafa de 13 kilos pasó de US$12,42 a US$13,31 (al aumento en dólares se le suma la inflación en la devaluada moneda local). En enero y febrero de 2021, el precio subió otra vez, en dos ocasiones y, a principios de marzo, un aumento del 2,3% hizo que la garrafa fuese vendida hasta en US$20,03 en la región norte del país, lo cual equivale al 10% del salario mínimo brasileño. A inicios de abril fue anunciado otro aumento de casi 5%.

En Pernambuco, el gas de cocina es más caro y, como consecuencia, el aumento del uso de etanol y otros productos similares en casa tuvieron impacto directo, durante la pandemia, en las internaciones del Hospital de la Restauración, referencia de salud pública y la única institución provincial que atiende a casos graves de quemados. Según el director del Departamento de Quemados, Marcos Barreto, entre abril y noviembre de 2020, 105 personas fueron internadas a causa de accidentes relacionados al uso de etanol. “De marzo hasta noviembre del año pasado, nuestro estado quedó, en proporción, en segundo lugar en el mayor número de pacientes internados [por quemaduras de etanol] en Brasil”, afirma Barreto. São Paulo, la provincia más poblada del país, lidera el ranking.

Jefe del sector desde hace 31 años, Barreto dice que el alto número de casos llamó la atención y que las mujeres son las mayores víctimas. “También podemos decir que ese tipo de quemadura es una ‘enfermedad’, sin duda, de la clase social menos favorecida”. Desde 2018, el médico intenta alertar a la población y a las autoridades acerca de la relación directa entre la subida del precio del gas de cocina y el incremento de los accidentes causados por el uso de etanol. El hospital dispone de 40 camas para ese tipo de atención, 12 de las cuales están destinadas a hombres, 13 a mujeres y 15 a niños.

El incremento de casos de quemados también está relacionado con alcohol 70%, del tipo utilizado para higienizar las manos, producto generalizado para combatir al nuevo coronavirus. De marzo a agosto de 2020, 514 personas fueron internadas en Brasil a causa de quemaduras provocadas por alcohol 70%. Pernambuco registró 65 víctimas, quedando atrás de São Paulo (148) y Goiás (107), según datos de la Sociedad Brasileña de Quemados (SBQ).

Según Barreto, el uso de esos productos contribuyó para un mayor número de accidentes domésticos. “Lo que puedo decir es que agua y jabón funcionan mejor que el alcohol en gel”, orienta Barreto. En la unidad de quemados del Hospital de las Clínicas de Ribeirão Preto, en el interior de São Paulo, el número de accidentados a causa del uso de alcohol para higienización de las manos llegó a triplicarse.

Al ritmo del dólar

El 7 de junio de 2017, durante el gobierno del entonces presidente Michel Temer, la Dirección Ejecutiva de Petrobrás aprobó una nueva política de precios para la comercialización del gas vendido en garrafas de hasta 13 kilos. A partir de entonces, el gas de cocina pasó a reajustarse de acuerdo con el valor del dólar y de las cotizaciones del butano y del propano practicadas en el mercado internacional. Petrobrás prometió que no se trasladarían los aumentos de las refinerías pero, en la práctica y con el dólar subiendo casi constantemente, los reajustes pronto llegaron al bolsillo del consumidor.

Entre enero de 2017 y enero de 2018, el precio promedio de GLP en Brasil pasó de US$9,9 a US$11,99. En Pernambuco, la diferencia fue aún mayor: de US$8,63 a US$11,38. Y mientras tanto, en febrero de 2018, un 65% de las internaciones en el Hospital de la Restauración correspondía a personas quemadas por líquidos inflamables.

El panorama se agravó aún más en mayo y y junio de aquel año, cuando una huelga de camioneros motivada por el precio del diesel paralizó a Brasil. El país sufrió con la falta de productos como combustibles, alimentos y gas de cocina – en ese período, la garrafa de gas de 13 kilos alcanzó absurdos US$28,50 en Pernambuco. Con ese trasfondo, en junio de 2018, el uso de combustibles improvisados para cocinar fue responsable por 90% de las internaciones en la unidad de quemados del Hospital de la Restauración.

En un contexto de escasez y pobreza, la palabra “emprender”, tan de moda, gana otros contornos. Viviendo en el barrio Bomba de Emeterio, en la capital de Pernambuco, la esteticista Claudeneide Mendes, de 46 años, decidió abrir un pequeño negocio de pizzas al inicio de la pandemia, en abril de 2020. Fue la manera de garantizar algún ingreso y compensar las pérdidas de su negocio anterior – la esteticista estuvo meses sin ningún cliente.

Claudeneide, que vive en una casa con otras cuatro personas, compraba la garrafa de gas a US$10,69. Ahora cuesta US$15,14 y ella necesita cuatro a cada mes. Otros aumentos de precio se suman: cajas para pizzas, por ejemplo, duplicaron o triplicaron su precio. “Tuvimos que abrir una empresa, comprar un horno, una máquina de masa… nos endeudamos para comprar todo y por eso tenemos que seguir adelante. Pero lográbamos una ganancia de [poco más de] US$620 al mes el año pasado. Ahora no llega a la mitad de aquel valor, y el trabajo es enorme. Pensamos en cambiar el horno a gas por otro eléctrico, pero el precio de la energía eléctrica también está alto. En realidad, ya no sabemos qué hacer”. Los valores mencionados por la trabajadora autónoma reflejan la inflación que alcanzó, según IBGE, el 4,52% en 2020, la más alta desde 2016. 

La escalada en los precios provocó la insatisfacción de distintos sindicatos de camioneros en todo el país, lo que preocupó al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, fuertemente apoyado por esos grupos. Otras entidades también fueron a las calles a protestar: en septiembre de 2020, aproximadamente cien camiones estacionaron a lo largo de la carretera BR-101, en el conurbano de Recife, capital de Pernambuco, en protestas contra siete alzas consecutivas en el precio del GLP en tres meses. El acto era organizado por el Sindicato de los Revendedores de Gas Licuado de Petróleo de Pernambuco. En la manifestación, carteles y pancartas tenían mensajes como “ABSURDO” y “Basta ya”. 

En fines de febrero de este año, luego de otro ensayo de huelga por parte de los camioneros ante nuevos aumentos de los combustibles y el GLP, el presidente decidió intervenir la presidencia de Petrobrás. Nombró a otro militar (hay miles de militares afines al presidente en toda la burocracia federal), el general Joaquim Silva e Luna. Y con ese nombramiento el número de representantes de las FFAA en cargos de mando en las empresas estatales llegó a 92, una marca histórica, según un conteo del periódico Folha de São Paulo. Las reacciones al cambio de comando fueron fuertes: la estatal perdió US$18,26 mil millones en valor de mercado luego de la intervención.

Apoyo a las víctimas

Creada en 2018, la Asociación Nacional de los Amigos y Víctimas de Quemaduras (Anaviq), entidad constituida por alrededor de 190 integrantes, es una red de acogida, información y apoyo a personas que sufren quemaduras. La ONG también busca concienciar y alertar a la sociedad sobre los riesgos de accidentes con fuego, además de desarrollar proyectos que contribuyen a elevar la autoestima y la resocialización de los quemados. La asociación, que tiene una actuación fuerte en las redes sociales, tiene como una de sus principales peleas el lograr la inclusión de personas quemadas en la Ley de Personas con Deficiencias.

Anaviq fue creada por Alexandra Billar Henrique, quien sufrió un grave accidente causado por el uso de alcohol. En 2010, ella estaba con una amiga en un restaurante self-service por kilo en la ciudad de Cajamar, conurbano de São Paulo. La comida se mantenía caliente gracias a un hornillo de alcohol y, cuando Alexandra fue a pesar su plato para pagar, una funcionaria del local se acercó a recargar el hornillo sin percatarse de que aún estaba encendido. “Hubo una explosión. La garrafa de alcohol se incendió y, con el susto, la funcionaria la lanzó lejos, en nuestra dirección”. Alexandra estuvo internada durante 21 días. Su amiga falleció luego de 37 días en el hospital.

Una década después del accidente, Alexandra aún está en proceso de recuperación. “Creo que el tratamiento solamente acaba cuando la persona decide que no lo quiere más. Por más recursos que la medicina ofrezca, es un tratamiento difícil y caro. Paré de contar en la trigésima cirugía”.

La necesidad de acudir a hospitales y clínicas de forma frecuente hizo que los gastos médicos aumentaran mucho. “Parece una tontería lo que voy a decir, pero poder estacionar en una plaza preferencial cerca de los hospitales hace una gran diferencia. Pagar estacionamiento representa un gasto que pesa en el bolsillo. La inclusión de esas personas en la gratuidad de transporte público es esencial. Muchas personas abandonan el tratamiento porque no pueden pagarse el desplazamiento.”

Otra entidad que busca discutir y fomentar el debate sobre asuntos que involucran quemaduras y a sus víctimas es la Sociedad Brasileña de Quemaduras (SBQ). En concordancia con lo que dice Alexandra, José Adorno, presidente de SBQ, afirma que el problema que trae el aumento de precio de GLP y el consecuente aumento de los accidentes es un problema social y de salud pública. “La quemadura es uno de los peores traumas que un ser humano puede experimentar”

Leilaine, la ex trabajadora doméstica que tuvo 41% del cuerpo quemado al preparar un plato de avena en una cocinilla improvisada, fue atendida por Anaviq. Cuenta que recibió tratamiento psicológico y aclararon sus principales dudas, lo que ayudó mucho en el proceso de recuperación. “El apoyo psicológico fue muy importante. Gracias al equipo de la ONG, conseguí recuperar mi autoestima”, dice. “Vi a personas en situaciones más críticas que la mía pero todas muy fuertes y activas. Eso me incentivó a levantar cabeza”.